Fueron expulsados más de 800 retenidos colombianos desde Ecuador hacia Colombia, por el paso fronterizo en el Puente Internacional de Rumichaca, Provincia del Carchi, muy pocos con antecedes judiciales en Colombia, en su gran mayoría sin anotaciones judiciales.
Previamente se realizó un llamado diplomático de Colombia por considerar que la medida se tomó sin acuerdo previo. La cancillería colombiana presentó el viernes una nota de protesta diplomática ante Quito.
“Han sido deportados más de ochocientos PPL’s, personas privadas de la libertad”, dijo la gobernadora de Carchi, Diana Pozo, a la prensa en el puente fronterizo de Rumichaca, en las afueras de Tulcán.
Llegaron uniformados
Custodiados por un centenar de policías y militares de Ecuador, luego de descender de los buses que los llevó desde distintas provincias, las personas vestidas con uniformes de color naranja debieron hacer fila para cruzar hacia Colombia.
Las autoridades del Carchi señalaron que el viernes empezó la deportación de unos 870 presos colombianos, que representan casi un 60% de las personas de esa nacionalidad que permanecía en prisiones ecuatorianas.
El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó en un comunicado que en Quito inició la deportación “desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes que le hiciera para generar antes un protocolo”. Además, tildó la medida de, “gesto inamistoso”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador rechazó estar realizando deportaciones colectivas de presos hacia Colombia, y aseguró que el proceso que se realiza desde este viernes se está llevando a cabo “en estricto cumplimiento” de la ley, en apego al Derecho Internacional y garantizando el respeto de los derechos de los reos, desvirtuando así lo dicho por la Cancillería colombiana.
El Ministerio indicó que, “comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático”.
La posición de Colombia frente a la deportación de presos
Según Colombia, las autoridades ecuatorianas habían decidido dar inicio al proceso “sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.
Amilcar Pantoja, alcalde de Ipiales, expresó, “No son repatriados, no vienen en esa calidad, ni tampoco vienen en la calidad, o en la situación de los protocolos internacionales de una persona deportada, vienen arbitrariamente expulsados por Ecuador, y son colombianos que, al no tener antecedentes, son ciudadanos colombianos que quedan
Juan Carlos Morales, secretario del municipio de Ipiales, zona fronteriza dijo que, “el problema más grande que hemos presentado es que la mayoría de ellos vienen indocumentados. Esto fue otra modificación que hicieron en Ecuador al estatuto migratorio, que se hizo antenoche, en donde en un artículo señalan que pueden hacer la deportación aún sin contar con documentación. Entonces, se nos dificulta la labor porque no tenemos cómo identificar, nos toca recurrir a la reseña dactilar y eso dificulta, retarda muchísimo el proceso”.
Gobernación de Nariño activó PMU
ElGobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, articuló esfuerzos con la Cancillería de Colombia y la Alcaldía municipal de Ipiales e instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU), con el fin de coordinar la respuesta en el territorio.
“Hasta el momento, se ha confirmado el ingreso de 300 personas, de las cuales 10 han sido recapturadas por requerimientos judiciales vigentes en Colombia. La Secretaría de Gobierno del departamento desplegó un operativo humanitario que incluye atención médica, alimentación y orientación sobre derechos ciudadanos”, precisó el mandatario regional.
Viajan a Cali y Bogotá
Un primer grupo de deportados ya fue trasladado desde Ipiales hacia Cali y Bogotá, bajo un esquema logístico coordinado. Este flujo migratorio obliga a reforzar la respuesta humanitaria y a establecer mecanismos de cooperación entre las Cancillerías de ambos países, con el fin de garantizar una repatriación ordenada y una evaluación jurídica transparente para cada caso.
El Secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, informó que “hemos brindado, desde la madrugada, asistencia humanitaria a los deportados, incluyendo atención médica, alimentación y el aseguramiento de sus derechos como ciudadanos colombianos”.
En el PMU, participan la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales, Personería municipal, Defensoría del Pueblo, Gobierno Nacional, Secretaría de Gobierno departamental, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Policía Nacional, Ejército, Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, y el programa Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otras instituciones.
