Por: Fabio Olea Massa (Negrindio), abogado y periodista CNP
“Un juez sin independencia es apenas un funcionario con toga” – El autor
En 1997 fui nombrado, en propiedad, Juez Civil del Circuito de Riohacha. Llegué a ese despacho para reemplazar al doctor Álvaro Alario Montero, un Juez extraordinario que más tarde ocuparía el cargo de magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura. Obtuve el cargo tras superar un concurso de méritos y encabezar la lista de elegibles. Era un tiempo en el que la carrera judicial se respetaba, y la palabra “Honorable” no era una fórmula protocolaria, sino un reconocimiento ganado a pulso.
Aún guardo gratitud por el Tribunal que me nominó, integrado por jueces íntegros y dedicados: Ever Mendoza Acosta, Ramiro Robles, Ciro Habib Manjarrez, Alfredo Núñez y la magistrada Manuela Bermúdez Carvajalino. Todos ellos representaban la esencia de la Judicatura: estudio, rectitud, independencia y rigor profesional; sin estos pilares, la justicia deja de ser justicia.
Hoy, tristemente, la realidad es otra. Lo que debía ser excepcional —la Provisionalidad en los cargos— se convirtió en la regla. La ocupación temporal de puestos judiciales, a veces durante años, se expandió por todo el país, vulnerando abiertamente el artículo 125 de la Constitución, y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que ordenan que los empleos públicos se provean mediante concurso de méritos.
La provisionalidad, ahora normalizada, ha generado una crisis estructural disfrazada de temporalidad perpetua. Aunque la Corte Constitucional no lo haya declarado formalmente, en los hechos estamos ante un verdadero estado de cosas inconstitucional: la independencia judicial se compromete, la confianza ciudadana se erosiona y la legitimidad de la Rama Judicial se debilita.
La carrera que alguna vez exigió preparación, esfuerzo y decoro ha sido reemplazada por un sistema frágil, permeable y en ocasiones profundamente politizado. Para quienes vivimos la época en que la toga pesaba y la palabra valía, duele ver cómo la integridad fue sustituida por el favor.
La provisionalidad es hoy la principal causa del deterioro de la justicia. A ello se suma la falta de idoneidad moral y ética de muchos funcionarios, acompañada de una formación académica insuficiente desde la universidad. La consecuencia es evidente: fallos mediocres y decisiones judiciales que no están a la altura del mandato constitucional.
Este cuasi estado de cosas inconstitucional ha sido tolerado —y a veces promovido— desde la misma Rama Judicial. Los nominadores se escudan en los retrasos de los concursos y en la inexistencia de listas de elegibles para justificar nombramientos discrecionales. En las altas cortes, magistrados ascienden a sus propios auxiliares; en los tribunales, se designa como jueces a amigos y allegados. La meritocracia queda reducida a un trámite, mientras se consolida una cadena de favores que agrava el deterioro institucional.
¿Cómo explicar que un concurso de méritos tarde más de siete años en concluir, y aun así se convoque otro sin haber terminado el anterior? ¿Cómo justificar que un magistrado(a) logre pensionarse después de permanecer años en provisionalidad? Lo “transitorio” terminó convertido en una forma de permanencia indefinida.
Tampoco es casual que un magistrado, antes de jubilarse, deje instalados en cargos judiciales a varios allegados. Este tipo de decisiones perpetúa un modelo basado en afinidades personales y no en idoneidad profesional, con un daño profundo para la institución.
Todo ello alimenta la percepción de una justicia debilitada, opaca y alejada de los principios que debería representar. La meritocracia no puede ser un monumento expuesto para que los nominadores se burlen de él.
La provisionalidad está matando la calidad de la justicia. Hoy importa más el número de sentencias producidas que la calidad de su contenido. La obsesión por cumplir indicadores de evacuación crea una apariencia de eficiencia que no logra ocultar la histórica morosidad que aqueja a la justicia colombiana.
Y, como si fuera poco, la provisionalidad convive con la corrupción. Nada mina más la confianza ciudadana que los escándalos dentro de la misma justicia. El episodio más bochornoso, el Cartel de la Toga en la Corte Suprema de Justicia, dejó una marca indeleble: la compra de fallos y el archivo irregular de expedientes. Pero ese no es un caso aislado; se replica en todo el país, como lo demuestran las estadísticas de funcionarios destituidos y sancionados.
El deterioro de la justicia —fruto de la provisionalidad y de las dudas éticas— debe llevar a los Tribunales nominadores a una reflexión profunda. Es imprescindible evaluar con rigor las calidades humanas y profesionales de quienes se nombran, así sea provisionalmente.
La justicia colombiana necesita recuperar su dignidad. En ello se juega no solo la credibilidad del Estado, sino la confianza de la ciudadanía y, en últimas, la posibilidad real de construir un orden social justo.
