Se dio a conocer una carta firmada por 30 congresistas de izquierda donde se exige garantías y libertad para 11 detenidos en protestas; entre los firmantes se encuentran, Aida Quilcué, Ariel Ávila, Clara López, Imelda Daza, Isabel Zuleta, Julián Gallo, Sandra Ramírez, Alfredo Mondragón y Wilson Arias, donde piden que se respeten los derechos fundamentales de los detenidos.
También firma Iván Cepeda
Es de señalar que el hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro, ganador de la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre, también aparece entre los firmantes. Cabe decir que, existe un expediente judicial que presentado por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación contra los 11 jóvenes. Es preciso decir que existe división entre los que consideran que se criminaliza la protesta social, y los que defienden la contundencia de las pruebas técnicas efectuadas.
El comunicado corresponde a la Comisión Accidental de Seguimiento y Verificación a Garantías y Situación de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad del Congreso, donde advirtió sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales de los detenidos: que han participado en las jornadas que se han llevado a cabo en la ciudad.
“Manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la juventud, siendo inaceptable que, en el supuesto de garantizar la legalidad en desarrollo de los hechos ocurridos, la Fiscalía no busque evitar la estigmatización de los estudiantes y la no repetición, sino avanzar en la condena de la impunidad que se desprende de los hechos desconociendo las directivas de la Fiscal General de la Nación”, se leyó en el texto firmado por los parlamentarios.
Según el documento de los congresistas, los detenidos han sido objeto de “hostigamientos, señalamientos, y persecución”, en acciones que los congresistas consideran violatorias del Derecho Constitucional a la protesta y la organización social.
Exigieron respeto a las garantías y libertad de los detenidos
La carta conminó al Estado el cumplimiento de garantías y medidas orientadas a evitar la estigmatización. “Exigimos el cumplimiento de los acuerdos legalmente establecidos y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”. Los congresistas insistieron en la necesidad de que los capturados puedan enfrentar sus procesos en libertad, sin que la prisión preventiva se utilice como medida restrictiva.
Los nombres señalados en la misiva y que, según los congresistas, deben ver respetados sus derechos son, Sebastián Santiesteban Lozano, Omar Millet Araya Romero, Siaira María Pinzón Camargo, María Victoria Betancourt Lauria, Sebastián Narváez Holguín, Xiomara Katherine Amaro Cortes, Luis Alejandro Gamboa Suárez e Isabel Yoana Rodríguez Bernal. Aunque ninguno de los firmantes hizo referencia a las pruebas técnicas de la Policía y la Fiscalía.
“Resulta incompatible con la garantía del derecho fundamental a la protesta social la continuidad de la privación de la libertad a los jóvenes involucrados en los hechos, en ausencia de pruebas que sustenten una medida tan gravosa”, se lee en la comunicación.
Las pruebas
De acuerdo con información entregada a los medios por parte de los investigadores, el expediente incluye más de 4.000 horas de análisis de video, interceptación de 50 líneas telefónicas, además de entrevistas a testigos y víctimas, declaraciones juradas, análisis en redes sociales, agentes encubiertos y 13 diligencias de allanamiento en Bogotá.
La Policía señala a los acusados de pertenecer a la organización PPP, que sería una brigada clandestina para el pueblo y por el pueblo, que se habría infiltrado en universidades públicas usando carnés falsos con el objetivo de planear acciones y fabricar artefactos explosivos, como papas bomba y cocteles molotov. Estos artefactos se emplearon presuntamente en ataques contra estaciones de TransMilenio, buses del Sitp y uniformados, con daños materiales.
Decomiso de elementos
Durante los allanamientos, las autoridades reportaron la incautación de material explosivo, pólvora, dispositivos móviles, computadores, prendas utilizadas en los hechos y un arma de letalidad reducida. Las pruebas técnico-científicas permitieron reconstruir la estructura de roles de la supuesta organización y vincular a los procesados con al menos diez episodios violentos entre 2024 y 2025; siendo uno de los implicados alias Salvatore, presunto cabecilla.
Según la Fiscalía General, a los jóvenes se les imputaron delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte de explosivos, perturbación del transporte público y violencia contra servidor público, por lo que un juez ordenó su detención preventiva.
