Por: Alejandro Rosero Montenegro, Yuyay
La Justicia Especial para la paz, JEP, fue noticia la semana pasada tras emitir sus primeras condenas en el marco de la denominada Justicia Transicional que se derivó de los acuerdos de paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, en el 2016 y que permitieron el fin del conflicto con esa agrupación guerrillera sacando de circulación a cerca de 10 mil combatientes aunque, después, se generaran las denominadas disidencias que hoy siguen repitiendo las atrocidades de su génesis.
Muchas reacciones negativas frente a la decisión de los magistrados de la JEP se elevaron cuando se conoció que la condena consistía en 8 años de acciones restaurativas que incluyen, reforestación y cuidado del medio ambiente, apoyo en la ubicación y destrucción de campos minados y, quizás la más relevante, su participación en la búsqueda de personas dadas por desparecidas; esto en un resumen somero de lo que deberán pagar los integrantes del último secretariado de las FARC.
Duele, sin duda, que quienes cometieron alrededor de 21 mil casos de secuestro y delitos colaterales como desaparición forzada, tortura, asesinatos y demás, solo paguen estas ridículas sanciones, según las víctimas sobrevivientes y las familias de quienes sufrieron este flagelo, pero, desafortunadamente y legalmente, esto es lo que se acordó en la negociación de La Habana y como acuerdo firmado y aprobado en concordancia con al Constitución Política del país, debe cumplirse.
Es extraño que muchos funcionarios y funcionarias de entidades estatales y conocedores de los procesos de Justicia Transicional que asumió el país al concretar el acuerdo, salgan hoy a decir que van a apelar la decisión o que van a elevar sus reclamos ante la Justicia Internacional, cuando desde la comunidad mundial se ha reconocido este proceso como un ejemplo y como una muestra de diversidad jurídica que sobrepasó a procesos de paz como el de Irlanda o los generados en el continente africano.
Que no se nos escape el segundo fallo que estuvo dirigido a exmilitares relacionados con los denominados caso de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales como deben llamarse, ahí las condenas fueron fluctuantes entre los 5 y los 8 años por la desaparición y asesinato de 135 personas mientras hacían parte de un Batallón militar en Valledupar. Las reacciones de las familias de las victimas fueron similares al caso de las FARC, no fue igual la reacción y cobertura de los medios de comunicación, pero es claro que son tan delincuentes los unos como los otros. Amparados en el acuerdo y su inclusión en la JEP, los exmilitares también pagarán con penas restaurativas.
Acuerdo es acuerdo, el Estado Colombiano y las FARC, firmaron las condiciones que hoy son criticadas, pero dándole valor a la palabra y a lo acordado, se ponen en marcha estas sanciones. Ojalá, en lo que viene en estos 8 años, la verdad pueda aparecer ciertamente, que podamos conocer el paradero de los desparecidos y que, de alguna manera, algunas de esas cicatrices profundas que deja un conflicto añejo y descarnado, puedan cerrarse o, por lo menos, que el dolor se desvanezca.
