Debido a la grave situación que se presenta por el fuerte invierno en Nariño, El Consejo Departamental de Gestión del Riesgo activó el régimen de Calamidad Pública, con el fin de proteger la vida, acelerar la atención humanitaria, y garantizar recursos extraordinarios que permitan atender la crisis que se registran en 27 municipios.
Balance oficial
Gabriel Ocaña, Director Departamental de Gestión del Riesgo, señaló que la situación ya superó la capacidad ordinaria de respuesta. “Esta declaratoria nos permite actuar con mayor rapidez, movilizar recursos y elevar la emergencia a nivel nacional e incluso internacional para proteger la vida y restablecer los servicios básicos”.
En este caso, el Consejo Departamental consolidó el balance oficial de la temporada de lluvias, registrándose 49 eventos asociados al fenómeno invernal, entre ellos 33 movimientos en masa, 8 inundaciones, y 6 avenidas torrenciales, esta situación afectó gravemente la movilidad, la infraestructura social y los servicios básicos en amplias zonas del territorio.
Atención de emergencias
La entidad señaló que la magnitud de los daños superó la capacidad ordinaria de atención de los municipios, y del Departamento; en este sentido la declaratoria de Calamidad Pública servirá como el mecanismo legal para agilizar procesos de contratación, movilizar recursos extraordinarios y escalar la atención de la emergencia a instancias nacionales e internacionales.
Debido a las lluvias atípicas se han registrados 10 muertos, y más de 14.900 damnificados. “La emergencia invernal que golpea al departamento en enero y febrero desbordó la capacidad de respuesta institucional”, señalaron desde la Gobernación.
Cifras de la emergencia,
10 personas fallecidas
14.910 damnificados (3.623 familias)
293 viviendas destruidas o inhabitables
50 puntos críticos viales intervenidos de manera prioritaria
4 centros hospitalarios afectados
53 instituciones educativas con daños
19 acueductos impactados
Municipios afectados
Las localidades más afectadas son, Santa Bárbara de Iscuandé, Roberto Payán, Olaya Herrera, La Tola, Samaniego, El Peñol, San Lorenzo, Ipiales, Mallama, Ricaurte, Ancuya, San Bernardo, Belén, La Unión, Albán, Ospina y Policarpa.
Declaratoria
Cabe decir que 9 municipios ya habían declarado calamidad por cuenta de las lluvias, ellos son, La Florida, Santacruz, Santa Bárbara de Iscuandé, Olaya Herrera, La Cruz, Samaniego, San Lorenzo, El Peñol y Mallama.
Vías en riesgo y conectividad
La temporada invernal ha generado pérdidas de banca, colapsos parciales y afectaciones en puentes estratégicos como Sánchez, municipio de Policarpa), La Vega, municipio de La Cruz y Janacatú, en El Tablón de Gómez, en este caso están en riesgo corredores fundamentales para la conectividad regional, el abastecimiento de alimentos y la movilidad de comunidades rurales.
Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura reiteró la necesidad urgente de inversión que garantice una transitabilidad segura, protección del abastecimiento y mitigar el aislamiento de comunidades enteras.
Sector salud y alerta hospitalaria
El centro de salud del sector La Oscurana, en Mallama, fue destruido por un movimiento en masa, mientras que en Santa Bárbara de Iscuandé se reportan daños estructurales y afectaciones en la dotación hospitalaria.
“Nariño se acoge a la declaratoria de alerta roja hospitalaria nacional. Estamos articulando acciones para prevenir brotes de enfermedades asociadas a la temporada invernal y garantizar atención integral a las familias afectadas”, dijo, Wilson Larrañaga, profesional especializado del Instituto Departamental de Salud de Nariño.
Alerta por nuevas lluvias
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, señaló que las precipitaciones registradas obedecen a un frente frío atípico para esta época del año, y podrían coincidir con la temporada históricamente más lluviosa en marzo y abril, lo que incrementa el riesgo de nuevas emergencias si no se adoptan medidas preventivas de forma inmediata.
Cabe decir que la declaratoria de Calamidad Pública activó el Plan de Acción Específico con líneas de intervención, responsables institucionales, y fuentes de financiación para atender de manera prioritaria los sectores de vivienda, vías, agua potable, salud y educación, además de facilitar la cooperación técnica y financiera nacional e internacional.
