Por: Fabio Olea Massa (Negrindio)
Cuando un régimen utiliza la soberanía como escudo para el abuso sistemático y la desestabilización regional, el concepto clásico de no injerencia debe ceder ante la protección de la dignidad humana y la seguridad colectiva.
Se equivocan quienes pretenden que la soberanía es una licencia para que un gobernante ilegítimo oprima, censure o someta a su pueblo bajo un manto de impunidad. De igual forma, yerran quienes ven la captura y extracción de Nicolás Maduro como una simple agresión externa que vulnera la integridad de Venezuela. El mundo contemporáneo ha dejado atrás la visión absoluta del siglo XIX para dar paso a una interpretación donde el poder está condicionado al respeto de la dignidad humana. El caso venezolano no es solo una crisis nacional; es el epicentro de una transformación necesaria en el orden internacional.
El concepto clásico de soberanía, nacido de la Paz de Westfalia, partía de la premisa de que todo Estado libre ejerce autoridad absoluta sobre su territorio y población. En las democracias modernas, esta soberanía reside en el pueblo, quien delega temporalmente el poder. No obstante, en los regímenes dictatoriales ocurre una usurpación: quien gobierna se arroga una autoridad que no le pertenece, transformando el Estado en un botín personal. Históricamente, en nombre de esta “soberanía sagrada”, se han blindado tiranías y justificado hambrunas, mientras la comunidad internacional se limitaba a emitir comunicados de “preocupación” que nunca detuvieron las balas.
Un análisis objetivo del caso venezolano revela que Nicolás Maduro consolidó su condición de dictador tras el fraude masivo del 28 de julio de 2024. Las actas electorales, recolectadas y difundidas con heroísmo por la oposición y validadas por observadores independientes, confirmaron el triunfo abrumador de Edmundo González. Al desconocer estos resultados, el régimen de Maduro rompió el último hilo de legalidad que lo sostenía. Desde ese instante, su gobierno dejó de emanar de la voluntad popular, convirtiéndose en un ejercicio de fuerza bruta y, por ende, en un poder de facto que secuestró las instituciones para su propia supervivencia.
Esta deriva autoritaria provocó una crisis humanitaria sin precedentes en el hemisferio occidental. Según datos de la ONU, más de siete millones de venezolanos han abandonado el país, huyendo de la persecución política, el colapso de los servicios básicos y una miseria programada. Bajo el mando de Maduro, una nación antes próspera fue conducida deliberadamente al fracaso, transformándose en una “narcodictadura” sostenida por alianzas criminales con carteles internacionales. Esta realidad despoja al régimen de la protección que otorga la soberanía, pues un Estado que depreda a su propia población pierde su razón de ser y su derecho a la inmunidad.
La salida de Maduro ha reabierto el debate global sobre los límites de la intervención. Mientras sectores de la diplomacia tradicional se aferran a la visión clásica de la no intervención, la realidad de un mundo interconectado exige una soberanía que se redefine en función de la seguridad colectiva. Como sostiene el jurista Felipe Jason, la soberanía no es un escudo absoluto; se extingue cuando un régimen viola sistemáticamente los derechos humanos. En circunstancias extremas, la acción externa no es una agresión, sino un acto de socorro para restaurar la soberanía popular que ha sido secuestrada por las armas.
El argumento de que “solo los venezolanos deben resolver sus asuntos” se convirtió en una trampa retórica cuando el dictador cerró todas las vías institucionales. Ante este muro, la parálisis de la ONU y la OEA, atrapadas en burocracias infinitas y la lógica del consenso, demostró la insuficiencia de la diplomacia frente a regímenes que no juegan bajo las reglas de la razón. El fracaso de estos organismos para proteger el orden democrático refuerza la tesis de que, cuando los mecanismos internos fallan, el uso de la fuerza contra un tirano puede ser el único camino ético para evitar un mal mayor.
Además, la crisis venezolana dejó de ser un problema doméstico para convertirse en un factor de desestabilización regional. La expansión de megabandas como el Tren de Aragua ha disparado los índices de criminalidad en países vecinos, alterando la tranquilidad ciudadana desde Colombia hasta Chile. Ningún Estado puede hoy ampararse en su autonomía para desestabilizar continentes enteros. La comunidad internacional ya no observa fronteras como líneas infranqueables, sino conductas que afectan la paz global.
Estamos ante un concepto moderno de soberanía. Esta no niega la autodeterminación, pero la condiciona al cumplimiento de obligaciones mínimas de convivencia. La soberanía contemporánea deja de ser un privilegio de los gobernantes para convertirse en un mandato ético: proteger a la población y garantizar la libertad. Bajo este enfoque, la captura de Nicolás Maduro fue un acto legítimo y necesario, coherente con un orden internacional que ya no tolera la impunidad de quienes usan el poder para destruir a su propia nación.
